(Miaminews24).- Penélope la pitón real y su dueña, María Valdez Moreno, eran figuras familiares en Ocean Drive, donde trataban de convencer a los turistas para que pagaran $10 por posar para fotos con la serpiente exótica.
Pero eso fue hasta que autoridades estatales de protección de vida salvaje, parte de una patrulla contra la exhibición de animales salvajes en South Beach, pararon a Moreno y su amigo Alfonso Candelas Pérez.
Los agentes se limitaron a darles una advertencia por exhibir el animal sin el permiso correspondiente, pero entonces tomaron una medida más fuerte, poco común entre las agencias policiales en Miami-Dade: llamaron a agentes federales de inmigración.
Y ahora Moreno tiene que defenderse para evitar la deportación.
Moreno está molesta, no sólo por los 21 días que estuvo en el Centro de Detención de Krome, sino porque la Comisión de Pesca y Vida Salvaje de la Florida (FWC) le confiscó la pitón de 4 años.
Moreno quiere que le devuelvan la serpiente, aunque un portavoz de la FWC subrayó que la mujer firmó documentos en que hace dejación de la serpiente.
“Para ellos es solamente una serpiente, pero es mi mascota, mi niña”, dijo Moreno en español. “Juro que nadie puede cuidarla como yo”.
Incluso con el trasfondo de la postura agresiva del presidente Donald Trump para deportar a inmigrantes indocumentados de todo tipo, las agencias policiales del sur de la Florida rara vez llaman a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza por una infracción tan poco grave, mucho menos una en que no hay un arresto.
Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, cree que tales medidas sentarían un mal precedente.
“No me gusta que nuestros policías se conviertan en agentes de inmigración. No creo que eso es saludable ni que ayude, pero solamente hablo a nombre de nuestra fuerza policial, que no haría tal cosa”, dijo Gelber, quien agregó: “Nosotros no tenemos control sobre la FWC”.
Pero es una medida que algunos legisladores estatales quieren ver aplicada con mayor frecuencia. La semana pasada, la Cámara de Representantes de la Florida aprobó el proyecto de ley HB9, que presiona las agencias policiales locales a reportar los inmigrantes indocumentados a las autoridades federales de inmigración. Sin embargo, no es probable que la iniciativa se convierta en ley porque enfrenta una fuerte resistencia en el Senado estatal.
En cualquier caso, la meta del gobierno de Trump de aumentar el ritmo de las deportaciones ha provocado ansiedad en comunidades como Miami, donde vive una gran cantidad de inmigrantes latinoamericanos.
Carlos Giménez, alcalde Miami-Dade, provocó ira el año pasado cuando ordenó a las autoridades cooperar con todas las solicitudes de inmigración para mantener detenidos a inmigrantes indocumentados un máximo de 48 horas para su posible deportación, aunque no enfrentaran cargos penales. Giménez citó preocupaciones de que las autoridades federales pudieran reducir los fondos que entregan al condado si percibía que eran “ciudades santuario”.
Sin embargo, Giménez y la policía condal han rechazado una mayor cooperación con la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) en las calles contra personas que no tienen los documentos debidos.
“Ese no es nuestro trabajo”, dijo Giménez en febrero del 2017 en una reunión de la Comisión de Miami-Dade. “No vamos a hacer las veces de agentes de inmigración”.
Pero la FWC es una agencia policial diferente, que trata en lo fundamental asuntos sobre la vida salvaje y las embarcaciones.
La agencia no tiene fijada una política en materia de inmigración, dijo el portavoz Robert Kleppler. “Como el cumplimiento de las leyes de inmigración no es una misión fundamental de la FWC, sus agentes contactan a la Patrulla Fronteriza para buscar más información o consejo”, dijo Kleppler en un correo electrónico.
Eso fue lo que sucedió el 14 de enero, cuando agentes de la FWC estaban en South Beach, acompañados de agentes de cumplimiento del código, “abordando quejas de individuos sin licencia que exhibían animales”, según un informe del incidente.
Penélope era una atracción popular en Ocean Drive. Una cuenta de Instagram a su nombre muestra a la pitón enrollada al cuello de niños asombrados, turistas en camisas hawaianas y hombres fornidos sin camisa.
Según el informe, Moreno y Pérez ofrecieron a agentes encubiertos de cumplimiento del código tomarse una foto con el animal a cambio de $10.
Ninguno de los dos tenía una licencia estatal para exhibir animales y tampoco “pudieron presentar documentos que mostraran su estatus legal en Estados Unidos, lo que hizo que contactáramos a la Patrulla Fronteriza”, escribió en su informe Nelson Landa, agente de la FWC. Según el informe, Moreno tenía una licencia de conducción de la Florida vencida, mientras que Pérez tenía una licencia española.
La FWC aceptó no dejarlos ir hasta que la Patrulla Fronteriza llegara porque ambos “eran buscados para deportarlos”. Los agentes de cumplimiento del código de Miami Beach también les impusieron una multa de $250 a cada uno.
Moreno, nacida en Colombia, se quedó después de vencérsele la visa, según el informe policial. Sin embargo, en una breve entrevista la semana pasada, dijo al Miami Herald que su abogado no llenó documentos de inmigración a tiempo. Moreno declinó identificar a su abogado.
El informe indica que Pérez, oriundo de España, fue deportado una vez, en enero del 2017. Pero Pérez dijo al Miami Herald que la Patrulla Fronteriza nunca lo detuvo ese día, aunque estuvo bajo custodia policial varias horas, y que sigue viviendo legalmente en Estados Unidos.
“Yo no estoy ilegal”, dijo. “Estoy completamente legal”.
Los dos dijeron que les tenían mucho cariño en los restaurantes de Ocean Drive, donde generalmente posaban para los turistas con la serpiente.
En meses recientes, la FWC ha ampliado sus esfuerzos contra la exhibición ilegal de animales salvajes en South Beach, en particular las serpientes pitón de Burma, una especia invasiva que puede crecer hasta 18 pies de largo y que amenaza a otras especies en los Everglades.
Pero las pitones como la de Moreno son uno de los reptiles más populares en el sector de mascotas. Rara vez crecen más de 4 pies y rara vez se encuentran en la naturaleza.
The FWC incluyó una descripción del caso, sin los nombres de Moreno o Pérez, en un boletín noticioso en diciembre. Aunque ninguno de los dos ha sido deportado, el caso es alarmante, dicen defensores de los derechos de los inmigrantes.
La American Civil Liberties Union (ACLU) ha estado trabajando con la Policía de Miami Beach y la comisión municipal para tratar de establecer reglas que limiten lo que la policía puede preguntar a las personas sobre su estatus inmigratorio y la detención de inmigrantes indocumentados sin una orden de arresto y orden judicial.
Hasta el momento la comisión no ha aprobado esas reglas, aunque por lo general la Policía de Miami Beach no pregunta a los detenidos sobre su estatus inmigratorio.
“El hecho es que la FWC hace las veces de agente del ICE, eso causa mucho temor”, dijo Peter Beach, activista de la CLU que ha cabildeado a favor de la resolución. “Eso me enfurece”.
El manejo del caso por parte de la FWC también pudiera afectar las relaciones entre los policías y la comunidad, según abogados de inmigración. Esa preocupación ha sido patente en ciudades en todo el país, pero representa un reto único en Miami-Dade.
“Están preguntando por el estatus inmigratorio y reportan a los que no tienen un estatus legal a Aduanas y la Patrulla Fronteriza”, dijo Lody Jean, abogada de inmigración de Miami. “Esto tiene enormes ramificaciones, como reducir la posibilidad de que testigos y víctimas de delitos cooperen con la policía. Eso es algo muy importante, considerando la cantidad de personas nacidas en otros países que viven en el país”.
Fuente: Miami Herald