(Miaminews24).- Un juez federal de San Francisco, en California, que estudia cinco demandas que buscan bloquear la derogación del programa de Acción Diferida (DACA) señaló que la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de acabar esta medida generó «adversidades».
El juez federal William Alsup escuchó el miércoles los argumentos orales de las demandas que enfrenta el gobierno, tras eliminar en septiembre pasado este programa que protegía a más de 800,000 jóvenes indocumentados, y reconoció que desde entonces las dificultades que enfrentan los beneficiarios son «reales» y «palpables».
El magistrado todavía no tomó ninguna decisión respecto a bloquear temporalmente la decisión del gobierno, que es lo que solicitan los demandantes, ni tampoco desestimó la demanda, tal como lo ha pedido el Departamento de Justicia.
«Creemos que el juez hará lo justo y otorgará una orden temporal en la cual protegerá el programa DACA. Como el Congreso no ha actuado para protegernos, creo que es absolutamente importante que la corte nos proteja», dijo Dulce García, una de las demandantes.
La joven beneficiaria del programa puesto en marcha en 2012 por el entonces presidente Barack Obama señaló que la decisión de Trump está basada en «creencias negativas en contra de los mexicanos y latinos».
«Desde la campaña está hablando mal de nosotros y colocando una mala imagen para poder incumplir una promesa que nos hicieron», dijo García, presente en la audiencia del miércoles.
Desde el pasado cinco de septiembre, cuando la actual Administración anunció el fin de DACA, tribunales federales del país recibieron un aluvión de querellas legales para defender a los «soñadores», como se conoce a los beneficiarios de DACA.
El juez Alsup se halla considerando, entre otras, demandas presentadas por el Consejo Administrativo de la Universidad de California (UC), el estado de California, y la ciudad de San José.
«Terminar arbitraria y caprichosamente el programa DACA, que beneficia a nuestro país, en su conjunto, no solo es ilegal sino contrario a nuestros valores nacionales», dijo Janet Napolitano, regente de UC, centro que presentó una demanda el 8 de septiembre pasado.
La audiencia se dio en medio de una campaña de presión de parte de los dreamers para que el Congreso apruebe antes de que finalice este año un proyecto de ley para legalizarlos, y que no implique el reforzamiento de las políticas migratorias.
El senador por Arizona Jeff Flake dio a conocer este miércoles que la Cámara Alta no votará un proyecto bipartidista sobre DACA hasta el mes de enero, según el compromiso que le dio el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
Entre los argumentos de la defensa figura que tras el término de DACA el Ejecutivo no podrá sostener su promesa de no compartir la información que los beneficiados dieron de buena fe, y terminará usando los datos para ponerlos en proceso de deportación.
Las querellas legales también hacen hincapié en que el gobierno ignoró la Ley Federal de Flexibilidad Regulatoria, que requiere que se analicen los efectos de un cambio en este programa en las pequeñas empresas, muchas de las cuales son propiedad de, o emplean a, beneficiarios de DACA.
Los representantes legales del gobierno defendieron en la audiencia que estudiaron los efectos de eliminar DACA, y por eso lo han hecho de manera gradual y han permitido que sus beneficiarios se queden en el país hasta que se venza su permiso, o han permitido a otros renovarlo por otros dos años más.
García asegura que la Administración Trump no está respetando la institución de la Presidencia.
«Este país es fuerte en sus instituciones y aunque él (Trump) tiene discreción, tiene que revisar primero que promesas hizo la Presidencia anterior», señaló Garcia, quien llegó a Estados Unidos a los 4 años junto a su madre.
En un comunicado posterior a la audiencia, Becerra aseguró que la batalla legal en las cortes continuará y pelearán por los «soñadores» con cada herramienta que tengan.
Con información de EFE.
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