(Miaminews24).- El proyecto de reforma fiscal de Estados Unidos aprobado el miércoles indignó a las autoridades de Puerto Rico, porque consideran que castiga a la economía de la isla justo cuando necesita ayuda para recuperarse del huracán María.
La iniciativa de ley aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado contiene un impuesto de 12,5% para los activos intangibles, lo que podría afectar a decenas de empresas manufactureras que operan en la isla. Las autoridades puertorriqueñas acusaron a algunos legisladores federales de darles la espalda después de que visitaron Puerto Rico tras el paso del huracán y prometieron brindar ayuda.
“No sólo el Congreso está dañando al pueblo de Puerto Rico en un momento de necesidad, sino que no han cumplido con la política que establecieron”, le dijo el gobernador Ricardo Rosselló recientemente a The Associated Press.
La manufactura representa casi la mitad de la economía puertorriqueña y una tercera parte de los ingresos del gobierno, y genera cientos de miles de puestos de trabajo. Las empresas extranjeras controladas, las cuales representan la mayor parte del sector manufacturero de Puerto Rico y generan más de 2.000 millones de dólares anuales para el gobierno, serán las afectadas por el nuevo impuesto.
En el mejor de los casos, dichas empresas reducirían su nivel de producción en Puerto Rico o trasladarían algunas de sus operaciones a otro país, lo que asestaría un golpe a la isla, la cual está sumida en recesión desde hace 11 años, dijo el economista José Caraballo. En el peor de los casos, algunas compañías se marcharían definitivamente en una época en que el gobierno puertorriqueño pasa apuros para atraer inversiones.
“Va a tener un efecto directo sobre el presupuesto de Puerto Rico, que ya de por sí está en una situación delicada”, dijo Caraballo en una entrevista telefónica.
Las autoridades puertorriqueñas dicen que esperan recibir algo de alivio en las próximas medidas federales que aún están en debate. Jennifer González, representante de Puerto Rico en el Congreso, le dijo a la AP que la reforma fiscal les permite a las autoridades de la isla crear zonas especiales para atraer a inversionistas, e hizo notar que las empresas extranjeras controladas en Puerto Rico tienen maneras de evitar pagar el impuesto de 12,5%.
Sin embargo, señaló González, el proyecto de ley está por debajo de las expectativas de los puertorriqueños.
“El enfoque debe estar en el sector privado”, afirmó. “Todavía hay espacio para que Puerto Rico pueda salir con herramientas de desarrollo económico”.
Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, dijo en una entrevista telefónica que, aunque algunas compañías podrían lograr absorber el impacto del impuesto de 12,5%, de todas formas representa un desafío.
“Eso lo vamos a estar viendo en los próximos meses”, afirmó.
Puerto Rico ya pasaba apuros económicos antes de que el proyecto de ley fuera aprobado y antes de que el huracán María de categoría 4 azotara la isla hace tres meses, lo que dejó daños por aproximadamente 95.000 millones de dólares. El gobierno de la isla también intenta reestructurar una porción de su deuda pública de 74.000 millones de dólares.
Ahora la reforma fiscal federal genera nuevas dificultades para el gobierno, incluido el obligar a Puerto Rico a enfrentarse directamente a sus competidores globales, dijo el legislador Rafael Hernández, integrante del principal partido de oposición de la isla. “Coloca a Puerto Rico sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de ventaja”, dijo por teléfono, e indicó que ingenieros en sitios como Irlanda y Singapur competirán con los de Puerto Rico con el fin de desarrollar nuevas líneas para las mismas compañías.
El senador republicano Marco Rubio dijo que el impuesto en cuestión se aplica casi exclusivamente a la propiedad intelectual en la isla. Por ejemplo, Microsoft es dueña de una licencia de software y luego se la renta a la subsidiaria de la compañía en Puerto Rico. Tienen miles de millones de dólares en activos allí y aproximadamente 125 empleados, señaló.
Con el paso de los años, agregó Rubio, los gobiernos locales en Puerto Rico comenzaron a aplicar un impuesto a esa propiedad intangible y temen perder ese flujo de ingresos si la propiedad intangible es trasladada a otro país.
“Es posible que algunos de ellos pudieran hacer eso”, señaló Rubio, pero minimizó las preocupaciones de que el proyecto de ley en general afecte fuertemente al sector de manufactura de la isla. “Algunas (empresas) nos han dicho, en especial en el sector farmacéutico, que lo que en general perciben es que trasladarse no tendría sentido porque no está claro que exista otra jurisdicción en el mundo en la que haya más ventajas desde el punto de vista logístico y de perspectiva fiscal. E incluso si se fueran, el costo de esa reubicación superaría por mucho cualquier ahorro a corto plazo”.
Fuente: 20 Minutos
Miaminews24.