(Miaminews24).- A Odalys Arias, que padece distrofia muscular y afronta una discapacidad física severa, le suspendieron a la vez tanto la ayuda suplementaria de la Seguridad Social como el Medicare.
Sucedió hace cuatro meses cuando Arias, quien reside en la ciudad de Miramar, en el condado de Broward, Florida, perdió los beneficios que le habían sido asignados.
El padecimiento de Odalys consiste en una enfermedad degenerativa que va avanzando de forma implacable por todo el organismo, hasta dejar postrado a quien lo padece.
Después de investigar el caso, esta es la segunda ocasión en la que DIARIO LAS AMÉRICAS lo aborda. A primera vista, lo sucedido a Odalys y a su familia huele a injusticia. Para ella, los trámites llegaron a complicarse lo suficiente porque cometió algunos errores, pero todos subsanables si hubiese recibido orientación y asesoría consciente y a tiempo.
Los sucesos que llevaron al error
Después de bregar por las oficinas de la Seguridad Social, de haber reunido documentos para demostrar que su única fuente de ingresos provenía de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), creyó que la salida sería la contratación de un abogado que pudiera lidiar con el trámite burocrático de la institución.
Habló con la firma de abogados Hoffman, Larin and Agnetti, P.A. y le pidieron que se presentara en su sede de Miami Beach. Asegura que allí los atendió una asistente del bufete, que se presentó bajo el nombre de Tiffany Itaachau. Presuntamente ella sería la interlocutora que se encargaría de mediar entre Odalys, su familia y los abogados.
Odalis comenta que en un principio los abogados y la asistente del bufete comenzaron a dar pasos en pos de la restitución de las ayudas.
En uno de los documentos enviados por fax a Mr. Paparakis, supervisor de atención de la Administración de la Seguridad Social de Pembroke Pines, los abogados advierten: “Tenga en cuenta que las condiciones médicas de la Sra. Arias son muy severas porque requiere oxígeno las 24 horas. Su medicación ya se le ha terminado y ella está sufriendo limitaciones de suministros de medicamentos necesarios para su salud y supervivencia”.
Según la documentación revisada, en un principio, los abogados contratados realizaron una apelación que fue rechazada por la Seguridad Social, sin embargo, la familia Arias siguió creyendo que el caso estaba siendo atendido debidamente.
Al parecer, a partir de aquí es cuando todo se tuerce, al aumentar el activismo de la asistente Tiffany Itaachau. En primer lugar se crea una situación confusa en la que los afectados afirman que nunca se sentaron con ninguno de los abogados, solo con Itaachau, alguien que aparentaba estar trabajando en el caso y que según testimonio de la afectada, les fue cobrando poco a poco, en efectivo y en horarios intempestivos y fines de semana. Una actuación que los afectados comenzaron a ver como sospechosa cuando, de pronto, Itaachau desapareció y nunca más supieron de los abogados que ellos creían contratados por la suma de 6.000 dólares.
Los desencadenantes
Así el gabinete de abogados Hoffman, Larin and Agnetti, P.A. terminó enterándose por DIARIO LAS AMERICAS de las actuaciones paralelas al bufete de alguien que aseguran, se mantuvo trabajando con ellos hasta finales de octubre. No obstante, en noviembre continuó comunicándose con la familia Arias, como si continuara su vínculo con la firma legal.
El abogado Martín Hoffman respondió una por una las preguntas de DIARIO LAS AMÉRICAS sobre las circunstancias que rodean al caso y, según sus respuestas, existen altas probabilidades de que la antigua asistente, Tiffany Itaachau, haya seguido el caso por su cuenta sin estar colegiada como abogada.
La irregularidad genera sospechas debido a que Itaachau se ha presentado con disposición de ayudar y, al parecer, ha mentido sobre su rol como asistente de un bufete al cual en estos momentos no está vinculada laboralmente. Otro indicio de presunto engaño es que, “cobrar la defensa de derechos ante la Seguridad Social de un afectado es ilegal. Los abogados solo pueden cobrar un porcentaje mínimo cuando se logran restaurar los beneficios y [ese proceso] está muy monitoreado por el estado federal”, según asegura el abogado Martin Hoffman, quien dice estar preocupado porque conoce del caso, “aunque estuvieron poco tiempo con nuestro bufete”.
Sin embargo, a partir de la actuación de la presunta asistente, quien visita a los afectados y asegura hacerlo en nombre del bufete, Odalys y su esposo José Arias continúan creyendo que la firma legal Hoffman los representa.
La exasistente Itachau se lo daba a entender en cada visita que realizó a la casa en horarios fuera de trabajo, con el objetivo, según les decía, de “recaudar el dinero para los abogados”.
“Al abogado lo vimos un día de refilón, cuando entró a la sala de reuniones para hablar con la persona que nos estaba atendiendo, [Tiffany Itaachau] que en ese momento era la asistente”, dice Odalys, mientras realiza un gran esfuerzo para mover los músculos de su cara y apenas puede respirar si habla. “Todas las gestiones terminaron teniendo lugar de forma irregular y en una ocasión estuvimos más de seis horas esperando dentro de una oficina de la Seguridad Social sin sacar nada en claro, sin que nos dieran documentos y sin que nadie nos explicara nada”, dice.
Los trámites de los incautos
“Le quitaron el disability. Le mandaron una carta diciendo que desde tal día no le darían nada. Nunca en años fueron a verla y ahora, sin embargo, le informan que ya no recibirá ayuda del Gobierno. Le pusieron que le estaban dando dinero de más”, así explica este caso Ángel de Armas, padre de Odalys. “Yo le di un dinero a mi hija para que se mudara y también puse un coche a su nombre porque sin la pierna derecha no podía conducir, parece que eso le ha perjudicado [ante la Seguridad Social por los parámetros establecidos]”, amplía.
El Ingreso Suplementario está asociado con el Medicare y Odalys fue retirada de ambos programas de asistencia federal. Arias cumple con todos los requisitos, pero el sistema detectó un cambio en el movimiento de sus finanzas personales y extrajo su caso del sistema como un automatismo más, como haría con cualquier ciudadano.
Según el padre, la primera persona que se llenó de valor para denunciar la situación por la que atraviesa su hija, “a nosotros alguien nos está engañando”.
Efectivamente, al parecer, cayeron en la rueda de los incautos. “Son personas vulnerables que caen bajo las fauces de profesionales inescrupulosos”, explica la abogada Kristy Figueroa-Contreras, del Despacho Negrín, Torres y Figueroa-Contreras, especializados en temas de Inmigración. También explica que es una situación cada vez más frecuente que se da tanto en los casos de personas que solicitan ayuda para trámites de la Seguridad Social o para trámites de inmigración.
“Es una situación que se puede evitar o corregir. Es fácil denunciar casos así ante el Colegio de Abogados”. Respecto a este caso concreto, Odalys y su familia deben buscar los servicios de un abogado de la Seguridad Social, firmar contrato y seguir siempre las instrucciones de los abogados mediante la documentación y no confiarse”, alerta Figueroa-Contreras.
Fuente: Diario las Américas