(Miaminews24).- Gilberto de Armas sabía que Rubio Ranch, una planta procesadora de carne en el noroeste de Miami-Dade, operaba al margen de las leyes federales de seguridad alimentaria. Como contratista con licencia, cazador y pescador, De Armas conocía toda clase de regulaciones de seguridad.
Pero De Armas no sabía que los clientes de Rubio Ranch que en el 2014 le pagaron $200 por un cerdo sacrificado y adobado eran agentes encubiertos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).
De Armas, cofundador de Road Runner Electrical Contractor, ya ha pasado la mitad de sus seis meses de arresto domiciliario, con tres años en periodo probatorio por vender productos cárnicos adulterados y sin inspeccionar.
Su sentencia, dictada en agosto en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, fue anunciada en el informe trimestral del Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaria (FSIS, en inglés) del USDA.
“Las reglamentaciones de USDA/FSIS requieren que todos los mataderos sigan los principios de HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) e inspeccionen sus productos”, dijo Bill Marler, uno de los principales abogados de seguridad alimentaria del país.
“Si eso se ignora, el riesgo principal es la contaminación bacteriana —e. coli y salmonella— lo que conlleva a problemas graves y la muerte”.
Los documentos judiciales, que indican hechos en los cuales tanto los fiscales como De Armas están de acuerdo, dicen que Rubio Ranch “se dedica al negocio de la matanza, procesamiento, manejo, almacenamiento y venta de carne y productos cárnicos para el consumo humano”.
Pero antes de hacerlo, “las instalaciones de Rubio Ranch nunca pasaron con éxito las inspecciones requeridas por el USDA y los productos cárnicos producidos allí, destinados al consumo humano, nunca fueron inspeccionados y aprobados por el USDA como lo exige la (Ley Federal de Inspección de Carnes)”.
Los documentos judiciales también dicen que una vez que De Armas negoció el precio y el tamaño del cerdo con los agentes encubiertos, un empleado de Rubio Ranch tomó un cerdo de un remolque con otros animales hasta otro remolque abierto para caballos. Allí, “sacrificó y aderezó el animal en condiciones insalubres. Gilberto de Armas ordenó al empleado que abriera por completo el cerdo para quitarle las vísceras”.
Cuando el cerdo fue inspeccionado estaba “contaminado con pelos porcinos y partículas de plantas y arena derivadas de las condiciones insalubres observadas en el lugar”.
De Armas le dio al empleado una propina de $20 en efectivo de los $200 que recibió de los agentes encubiertos.
Rubio Ranch está en 12201 NW 154th St., una propiedad administrada por dos parejas, Arquímides y Marisol de Armas, y Gilberto y Maricelis de Armas. Los registros en internet de impuestos del condado dicen que desde que pagaron los impuestos a la propiedad en el 2014, han dejado de pagar $12,848.40 en tres años de impuestos desde entonces. Las parejas han reclamado dos exenciones de vivienda por año, según los registros.
Gilberto de Armas y su esposa también reclaman dos exenciones de vivienda por año en la propiedad de Kendall en 8454 SW 76th Ter., que ahora es la prisión domiciliaria de Gilberto de Armas hasta febrero. La casa de 36 años ubicada en una esquina tiene cinco dormitorios, cuatro baños y 3,591 pies de espacio habitable.
Fuente: El Nuevo Herald