(Miaminews24).- El Gobierno de Sri Lanka aseguró hoy que solo investigará denuncias formales sobre tortura, después de que en los últimos días se difundiesen informaciones periodísticas sobre una veintena de casos cometidos en la actualidad.
«El Gobierno investigará cualquier queja formal que le sea hecha. Si (las víctimas) no tienen confianza en el proceso gubernamental pueden ir a la Comisión de Derechos Humanos», un órgano independiente creado por Colombo, indicó a Efe la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maheshini Coonne.
La situación presentada por los reportes periodísticos ha sido corroborada por diversas organizaciones por los derechos humanos.
La ONG local Derecho a la Vida denunció hoy en declaraciones a Efe que el número de casos de tortura registrados en Sri Lanka apenas ha cambiado a pesar de las medidas implementadas por el Gobierno en los últimos dos años.
«No ha habido cambios, los incidentes continúan ocurriendo regularmente bajo detención preventiva, si bien a las víctimas les asusta salir públicamente por el miedo a las repercusiones mientras son obligados a permanecer en las mismas circunstancias incluso después de quejarse», alertó el director de la organización, Philip Dissanayake.
Para el director de la ONG Oficina de Derechos Humanos, padre Nandana Manathunga, la situación es todavía más difícil debido a la inacción de las autoridades para atajar el problema y a la violencia de la Policía.
Su organización, afirmó a Efe, recibe a menudo quejas de tortura y actos de violencia cometidos por diferentes departamentos de la Policía de Sri Lanka, incluida la Unidad de Investigación Terrorista.
Incluso la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, en un informe remitido a la ONU el pasado mayo, alertó de una «incidencia generalizada de violaciones bajo custodia», incluidas torturas, y destacó los amplios retrasos en la investigación de dichos casos.
Después de concluir su misión investigadora en el país en mayo, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y la lucha antiterrorista, Ben Emmerson, denunció «un uso de la tortura rutinario y endémico» por parte de las autoridades cingalesas, avaladas por la Ley de Prevención del Terrorismo (PTA).
La legislación admite confesiones no corroboradas a policías como prueba para condenar a alguien, entre otros puntos polémicos, y, según la ONU, se utiliza «de forma desproporcionada» contra la comunidad tamil.
El presidente ceilanés, Maithripala Sirisena, prometió a su llegada al poder en enero de 2015 investigar las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil, que de acuerdo a cifras extraoficiales dejó entre 60.000 y 100.000 muertos.
Su predecesor, Mahinda Rajapaksa, quien en 2009 puso final al conflicto con una más que controvertida «campaña final» que supuso la aniquilación de la guerrilla de los Tigres Tamiles, se mostró siempre inflexible para no eliminar la PTA.
Con información de EFE.
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