(Miaminews24).- En la víspera de la audiencia de hoy en el Congreso sobre el rol de la Junta de Supervisión Fiscal que preside, José Carrión III afirmó ayer que “el huracán María cambió la realidad de Puerto Rico, pero no los propósitos principales de la ley PROMESA”.
Carrión ofreció ayer un mensaje ante el grupo de estudio conservador American Enterprise Institute (AEI), en el que habló sobre los pasos que ha tomado la junta después del huracán, como el nombramiento de Noel Zamot al cargo de principal funcionario de Transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Zamot sería, en la práctica, el nuevo jefe de la AEE, lo que ha generado una impugnación judicial de parte del gobierno de Ricardo Rosselló.
En el foro, Carrión anunció que el procurador general de los Estados Unidos, Noel Francisco, informó que defenderá la ley PROMESA frente a la alegación de fondos de inversiones y la UTIER de que los nombramientos a la junta fueron hechos de manera inconstitucional.
Aunque hay reclamos de parte de miembros del Congreso para que asuman un rol más activo en la administración del gobierno de Puerto Rico, Carrión dijo a El Nuevo Día que ve el caso de la AEE como una situación particular.
“Ha habido preocupaciones de parte del gobierno de Puerto Rico que esto es una movida de poder, en el sentido de que si podemos lograr esto lo pudiésemos lograr en otras agencias. No se trata de eso. Es una preocupación específica. Vamos a eliminar 40 años de ineficiencia en la AEE…y a construir una nueva manera de hacer energía en Puerto Rico”, agrego.
El presidente de la JSF sostuvo que aprovecharán los nuevos fondos que se obtengan para rehacer la AEE, “de una manera transparente y a través del capital privado”.
En el foro de la AEI, Antonio Weiss, ex consejero de entonces secretario del Tesoro, Jacob Lew, sostuvo que FEMA “nunca ha suministrado fondos a una entidad en bancarrota” y que hay falta de coordinación de parte del gobierno federal en la respuesta a la emergencia en la Isla.
Weiss sostuvo que debe haber una sola persona en el gobierno federal a cargo de coordinar la asistencia, distribuir los fondos, abogar por nuevas asignaciones y asegurar que se le ofrece a Puerto Rico asistencia técnica.
“El Congreso va a tener que asignar decenas de miles de millones de dólares en fondos de alivios para desastre y recuperación alrededor de las diferentes agencia, no solo FEMA. El ‘quid pro quo’ debe ser transparencia, rendición de cuentas y gobernanza sobre los fondos distribuidos. El quid pro quo no debe ser el tipo de reformas estructurales y fiscales que hemos discutido antes”, dijo.
Weiss considera que hay tres alternativas para manejar el proceso de reconstrucción de Puerto Rico: dejar la distribución de los fondos en manos del gobernador; expandir explícitamente el poder de la JSF para supervisar la entrega de los fondos; o crear una junta de reconstrucción de Puerto Rico con persona que han tenido experiencia en desastres como Katrina y Sandy, en coordinación la junta fiscal.
Tanto Weiss como el economista Desmond Lachman, uno de los expertos de la AEI, coincidieron en que ante la bancarrota del gobierno de Puerto Rico y la falta de liquidez, la deuda va a tener que ser prácticamente borrada, como propuso el presidente Donald Trump.
Para Weiss, quien ayudó desde el Tesoro federal a promover la ley PROMESA, después del huracán María los acreedores deben aceptar la realidad de que es necesaria la reestructuración abarcadora de la deuda y que simplemente, Puerto Rico no tiene el dinero para pagarla.
Weiss sostuvo que la relación entre la junta y el gobierno de Rosselló “debe ser sanada”.
El ex funcionario del Tesoro federal señaló que la intervención que hace el procurador general de EEUU en defensa de la ley PROMESA, es evidencia de que bajo el gobierno de Donald Trump “la junta no va a desaparecer”. “La junta tiene el poder de imponer su visión, pero todos van a ser mejor servidos por medio de una relación colaborativa”, indicó.
Andrew Biggs, quien es miembro de la junta y es experto en temas de pensiones y Seguro Social en la AEI, dijo que el gobierno federal debe pensar en beneficios corporativos y extender a Puerto Rico el crédito federal por ingresos devengados (EITC) para incentivar la economía.
Aunque aludió a los daños que considera causó a la economía de Puerto Rico la eliminación de los beneficios de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal para empresas estadounidenses, después advirtió que no abogaba por el regreso de esas exenciones tributarias.
Lachman, un ex subdirector del Departamento de Política Pública de Desarrollo del Fondo Monetario Internacional (FMI), recomendó establecer, como hace el organismo mundial, algún tipo de requisito al otorgamiento de asistencia federal a Puerto Rico, para asegurar la puesta en marcha de las reformas estructurales que se requieren.
Pero, también dijo que urge eximir a Puerto Rico de las normas federales de cabotaje. Para Lachman, un comité de economistas “sabios” debe tener la encomienda de diseñar el proceso de reconstrucción de Puerto Rico.
Como Lachman, Biggs vio con buenos ojos condicionar futura asistencia al gobierno de Puerto Rico a las reformas estructurales que se pongan en marcha y mencionó que pese a la reforma laboral que impulsó el gobierno de Rosselló, aún haría cambios a esas normas.
Weiss, quien tuvo las funciones de número tres en el Tesoro federal, sostuvo que exigir reformas estructurales para entregar fondos de emergencia no hace sentido, aunque sí entiende que pueden hacerse exigencias a largo plazo en el proceso de reconstrucción.
“Puerto Rico necesita un Plan Marshall para su reconstrucción”, dijo, por su parte, el analista financiero John Mousseau, de la firma Cumberland Advisors. Con un programa de reconstrucción similar al Plan Marshall que se implantó después de la Segunda Guerra Mundial en Europa Central, se garantizaría la coordinación central del proceso y evitaría la burocracia del gobierno federal.
Por otro lado, Biggs – quien afirmó que en el foro hablaba como experto de la AEI no a nombre de la junta federal-, sostuvo que le preguntan cuándo Estados Unidos va a tener un Singapur en el Caribe, les responde, “estamos trabajando en ello”.
El ex banquero Alex Pollock, del R Institute y quien fue el moderador del foro, abogó por que Puerto Rico tenga su propia moneda, como mecanismo para salir del atolladero económico. “¿Puede un territorio tener su propia moneda?”, se preguntó, y se respondió “¿Por qué no?”.
Con información de ENDI.
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