(Miaminews24).- La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, aseguró que la detención hoy de Amado Boudou, quien fuera vicepresidente del último Gobierno de Cristina Fernández (2011-2015), es una decisión «netamente judicial» y desligó al Ejecutivo de cualquier influencia en el caso.
«Es una decisión judicial, sin duda (por) el entorpecimiento en relación a la investigación que se estaba haciendo. Una decisión netamente judicial. No nos cabe a nosotros explicarlo», remarcó la titular de Seguridad en declaraciones a la prensa tras participar en un acto en Buenos Aires.
Boudou fue detenido, en pijama y descalzo, en su departamento del barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires -adonde además de los uniformados policiales llegó una representación judicial-, acusado de integrar una asociación ilícita que cometió presuntos hechos de lavado de dinero.
También fue arrestado su socio José María Núñez Carmona.
«Hemos tenido una orden del juez (Ariel) Lijo de una decisión de detención, y la Prefectura Naval (que depende del Gobierno) lo lleva adelante», concretó Bullrich, quien declinó explayarse en comentarios sobre el caso.
La ministra explicó que el arresto se realizó una vez que a las 06.00 hora local (09.00 GMT) Lijo dictara la orden sobre Boudou y Núñez Carmona.
«La prefectura naval estaba ya esperando en el lugar con una orden judicial y orden de allanamiento por lo cual se demoraron un poco más», aclaró.
Boudou fue trasladado en primer lugar a la sede de la prefectura y se espera que de forma inminente lo lleven a los tribunales federales para que pueda declarar.
Así y tanto, Bullrich destacó que la detención es «una decisión judicial» por el supuesto entorpecimiento llevado a cabo por Boudou en la investigación del caso, con relación a la investigación que se estaba haciendo.
«Es una decisión netamente judicial. No nos cabe a nosotros explicarlo», concluyó la ministra.
El también exministro de Economía (2009-2011), imputado en varias causas, está acusado en el expediente por el que se le ha detenido de asociación ilícita y enriquecimiento por presunto lavado de activos a través de un blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno kirchnerista en 2009.
Con información de EFE.
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