(Miaminews24).- Por casi dos años, trabajó con una familia en Miami que le pagó $3 la hora, por jornadas de hasta 13 horas al día. En las noches tenía que dormir en el piso del apartamento de sus empleadores, en un lujoso barrio de la ciudad.
Sus jefes también le negaron acceso a atención médica, vigilaban sus comunicaciones y le advirtieron que si hablaba con otras personas sobre sus condiciones de trabajo, corría el riesgo de ser deportada a Colombia, de donde había llegado con una visa temporal patrocinada por la familia que la empleó.
Cuando por fin superó su miedo, una noche de finales de octubre del 2016 Ana (seudónimo) recogió sus documentos, dos mudas de ropa y se marchó. Denunció a sus empleadores y empezó a colaborar con las autoridades federales en una investigación, que eventualmente determinó que era víctima de abusos laborales.
Pero unos meses después de irse de la casa donde fue maltratada, agentes de Aduanas e Inmigración la arrestaron.
“Es la peor situación que me ha tocado vivir”, contó Ana en una breve entrevista telefónica desde Broward Transitional Center, un centro de detención de inmigrantes en Pompano Beach, donde permanece desde junio. El Nuevo Herald no está publicando su nombre real porque Ana teme represalias contra ella y sus dos hijos menores, que permanecen en Colombia. Ella está solicitando una visa de protección de víctimas pero su caso no está resuelto.
Para abogados y activistas, el caso de Ana resalta incongruencias en el gobierno federal. Por un lado el Departamento del Trabajo la considera como una víctima de tráfico humano que necesita ser protegida. Por otra parte ha permanecido meses detenida bajo la custodia de otra agencia federal —la policía de inmigración o ICE.
Desde su detención hace más de cuatro meses, abogados de organizaciones sin fines de lucro que representan a Ana han intentado que esta sea liberada mientras el Departamento de Trabajo investiga el caso. Pero un juez de inmigración se negó por meses a otorgarle fianza, argumentando que representaba un “riesgo de fuga” porque la policía de Miami estaba procesando una acusación por un supuesto robo—interpuesta por la misma familia que presuntamente la victimizó.
En agosto, el Departamento del Trabajo emitió un reporte obtenido por el Nuevo Herald que certifica que Ana fue sometida a una “forma severa de tráfico humano”.
Esta semana, mientras el Nuevo Herald reportaba esta historia, un juez de inmigración otorgó a Ana una fianza de $5,000. Pero ella permanece en el centro de detención ya que no tiene dinero para pagar la fianza, que debe ser saldada en su totalidad.
La decisión llega semanas después de que su abogado de inmigración, Mark Prada, presentara otra apelación informando que la Policía de Miami determinó que no hay “información disponible” para investigar la acusación de presunto robo. Ana niega enfáticamente la acusación.
Expertos en el tema opinaron que mantener encerrada a alguien que es considerada víctima de trata de personas es otra forma de victimización y no concuerda con las prácticas que las agencias federales deberían seguir.
“¡Es una locura!” dijo Jennifer Hill, abogada de asuntos laborales que representa a Ana a través del bufete Advocacy Partners Team. “Durante todo este proceso, que ha durado meses, cada una de las agencias involucradas fue informada de que [Ana] estaba cooperando con las autoridades como víctima de explotación”.
Tanto ICE como el Departamento del Trabajo declinaron comentar sobre detalles específicos del caso de Ana. Ambas agencias dijeron que los casos de víctimas de abuso y trata de personas son considerados importantes y se aseguran de que estas conozcan sus derechos. Un vocero del Departamento del Trabajo dijo que esa agencia refiere los casos de posible trata de personas a las autoridades apropiadas para procesarlos penalmente.
El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia federal que detuvo a Ana, no respondió a pedidos de comentarios para este reportaje.
Con información de ENH.
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