(Miaminews24).- Amnistía Internacional ha reaccionado furibunda ante la reciente petición de la Fiscalía turca de hasta 15 años de prisión para 11 trabajadores humanitarios, entre ellos sus dos máximos responsables en Turquía. La mayoría de los activistas permanece en prisión desde el cinco de julio pasado, cuando, según la organización humanitaria internacional, fueron detenidos en un hotel de la isla estambulita de Büyükada durante un taller sobre seguridad digital y gestión de la información.
Según el periódico turco Hürriyet, el dosier de la acusación asegura que «ha quedado entendido claramente que los sospechosos tenían la intención de convertir una marcha llamada ‘de la Justicia’ – organizada este verano por el partido socialdemócrata opositor CHP -en actos que incluían violencia similar a la de los incidentes del parque de Gezi, e incidentes que iban a sembrar el caos en la sociedad». Este «caos», subraya, iba a propagarse por todas las ciudades del país.
La Fiscalía ha tomado como referencia las manifestaciones antigubernamentales habidas en casi todas las ciudades de Turquía en junio de 2013, después de que la Policía desalojara violentamente una acampada ambientalista en el parque de Gezi, en Estambul, que pretendía evitar que se arrasara el verde para edificar un centro comercial. El entonces primer ministro Recep Tayyip Erdogan tildó de «terroristas» a los manifestantes. La Fiscalía, este domingo, no ha sido menos dura con los procesados.
El Presidente de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kiliç, detenido antes que el resto pero cuyo caso se ha añadido al dosier principal, se enfrenta a 15 años entre rejas por «pertenencia a banda terrorista». Entre los elementos de la acusación figuran una serie de comunicaciones de Kiliç mediante ByLock, una aplicación de mensajería encriptada que han empleado personas de la cofradía del teólogo Fethullah Gülen, al que Ankara culpa de orquestar el golpe de Estado fallido del 15 de julio de 2016.
Al resto de sospechosos para quienes se pide entre siete y medio y diez años, se les acusa de «colaboración con banda armada». Suficiente para que John Dalhuisen, director en Europa de Amnistía Internacional, haya tildado las acusaciones de «indignantes». «No contienen ninguna evidencia nueva, sino que repite acusaciones absurdas contra algunos de los más prominentes defensores de los derechos humanos en Turquía». «Que hayan tenido que pasar incluso un solo día entre rejas ya es una gran injusticia», ha añadido.
No todos los detenidos en Büyükada siguen en prisión. Taner Kiliç y la directora local de Amnistía, Idil Eser, así como los dos formadores del taller, el alemán Peter Steudtner y el sueco Ali Gharavi, y cuatro más permanecen en la cárcel; los tres restantes están en libertad con cargos, sometidos a control judicial y sin poder abandonar Turquía.
Este caso ha indignado dentro y fuera de Turquía por tratarse de la primera fiscalización contra activistas que incluye a miembros de organizaciones internacionales, además de extranjeros. Turquía, enfrentada a varios grupos armados, vincula a los acusados no sólo con la cofradía de Gülen, sino también con la guerrilla kurdoturca PKK, «terrorista» según Turquía, la UE y EEUU, y la banda izquierdista DHKP/C, responsable de varios ataques recientes contra las fuerzas de seguridad turcas.
Trabajadores humanitarios han defendido ocasionalmente su labor ante EL MUNDO enfatizando la necesidad de estar en contacto con grupos de este tipo a fin de desarrollar sus tareas de investigación. Pero el Gobierno de Erdogan es de la opinión opuesta, y ha considerado anteriormente estas acciones «propaganda terrorista». Encarcelamientos como el de Steudner han enfurecido a Alemania, cuyo ministro de Exteriores, Sigmar Gabriel, ha considerado los cargos contra su compatriota «absolutamente incomprensibles».
Con información de AFP.
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