(Miaminews24).- El huracán Irma, que golpeó las islas del Caribe y Florida, le impidió al exgobernador Alejandro Lyons avanzar mucho más en su compromiso de orientar a la Justicia colombiana desde el exterior. El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que viajó a Miami para recibir la primera declaración del ahora cooperante de la DEA, tenía planeado escucharlo durante dos días, pero el fenómeno natural lo impidió. Las autoridades estadounidenses ordenaron cerrar oficinas y evacuar el edificio, así que Lyons apenas pudo hablar medio día. Sin embargo, lo que alcanzó a decir da para mantener ocupada a la Fiscalía y a la corte durante varios meses.
Como se sabe, Lyons, exgobernador de Córdoba, protagonizó una operación de inteligencia estructurada por la DEA y solicitada por la Fiscalía colombiana que terminó por desenmascarar al exfiscal Gustavo Moreno. Este se encuentra en la cárcel ad portas de la extradición, en tanto que las evidencias recaudadas por la DEA y remitidas a Bogotá –cuatro horas de audios– son una caja de Pandora cuyos primeros anticipos han bastado para desatar la peor crisis de corrupción que haya afrontado la Justicia nacional.
Tras la operación, el exgobernador se comprometió con la Justicia de Colombia y de Estados Unidos a colaborar como testigo, con delaciones a cambio de alivios judiciales. Y la diligencia, trastocada por Irma la semana pasada, era el paso inicial en ese sentido. El primer relato rendido por Lyons tuvo dos ejes y no es fácil determinar cuál es más delicado: si lo que dijo respecto al senador Musa Besaile o lo que contó del exmagistrado Camilo Tarquino.
Uno de los aportes clave del primer testimonio es que aclaró las circunstancias en que aparece Tarquino en el escándalo. Hasta ahora se sabía que el nombre del jurista salía a flote en los audios de la DEA, en conversaciones en las que participan Gustavo Moreno, su socio Leonardo Pinilla y Alejandro Lyons. Pero era un misterio cuál habría sido el rol de Tarquino en el entramado de ‘justicia’ a cambio de pagos. Lyons acaba de aclararlo.
El político cordobés explicó que una mujer lo puso en contacto con Tarquino, con quien se reunió para discutir la posibilidad de que le “ayudara” con las investigaciones que adelantaba la Fiscalía en su contra por varios casos de corrupción durante su periodo como gobernador (2012-2015). Según Lyons, Tarquino dijo trabajar con el magistrado José Leonidas Bustos, quien lideraba un “equipo grande” con poder no solo en la Corte Suprema, sino también en la Fiscalía de Eduardo Montealegre. El exgobernador dijo que las reuniones tuvieron lugar en el apartamento de Tarquino, en el norte de Bogotá, y que tuvo varias hasta que “me sacó corriendo” cuando le concretó la cifra que debía pagar: 20.000 millones de pesos.
Lyons explicó que puede respaldar su versión de dos maneras. Primero, porque puede dar cuenta detallada del apartamento de Tarquino, “describiendo hasta las porcelanas que había”, pues estuvo allí cuando menos tres veces. Segundo, con una verificación aún más sólida, pues no proviene de él, sino del fiscal Moreno cuando era flamante jefe de la Unidad Anticorrupción.
En los audios de la DEA hay una conversación entre Moreno y Lyons en la que el fiscal aseguró que el proceso del exgobernador estaba complicado porque había hasta “exmagistrados” presionando “para que lo jodan”. En el audio, Lyons pregunta insistentemente por sus nombres hasta que Moreno dice “Tarquino”, y entonces aquel le dice que es debido a que no le pagó la fortuna que le exigió. El quid del asunto es que los audios de la DEA fueron grabados antes del escándalo y de que se develara que Bustos, Tarquino y Moreno harían parte de una misma teleraña de corrupción.
Este punto de la declaración de Lyons tiene particular trascendencia, pues indica que ese esquema de corrupción, además de darse a instancias de la Corte Suprema, también habría cuando menos intentado envolver a la Fiscalía anterior. Este aparte del testimonio de Lyons fue trasladado a una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, donde avanza una investigación preliminar por los actos de Tarquino como abogado particular, es decir, cuando ya era exmagistrado y por tanto no tenía fuero especial. El otro aparte de la declaración, que compromete al senador Musa Besaile y al entonces magistrado y presidente de la Sala Penal, Leonidas Bustos, fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia.
El segundo eje de la declaración de Lyons amenaza con echar abajo la estantería de Musa Besaile. Hace poco menos de un mes el senador confesó en la corte que había pagado 2.000 millones de pesos para atajar una orden de captura en su contra, y argumentó que lo hizo como víctima de una extorsión formulada por Gustavo Moreno, detrás de la cual estaban los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Besaile, además, explicó que para juntar la suma había acudido a préstamos de un empresario amigo.
Pero Lyons ahora afirma que en el último año de su gobernación le dio 600 millones de pesos al senador para que efectivamente los llevara a la corte y así evitara el carcelazo. Pero que no le dio esa plata en calidad de préstamo y que no los sacó de su bolsillo, sino que provenía del megadesfalco de Córdoba –estimado por algunos en 80.000 millones de pesos–, del cual le correspondía la mitad a Musa. En síntesis, el exgobernador está diciendo que la corrupción de la Corte Suprema se pagó con la corrupción departamental.
Con esta declaración haría agua la idea de Musa de pasar como ‘víctima’ de extorsión. Lyons incluso fue más allá. Mencionó que los 600 millones de pesos fueron apenas uno de los pagos que hizo al senador. Aseguró que son muchos más y que llegado el momento se referirá a cada uno con documentos y testimonios. Así mismo, anunció que cuenta con información que probaría que el senador Musa sigue esquilmando el erario departamental a través de su hermano Edwin Besaile, actual gobernador de Córdoba.
“Es absolutamente falso. Luego de que Lyons llegó a la Gobernación se le volteó a Musa, son enemigos. Ya aportamos a la corte los pagarés y la declaración del señor que prestó la plata. El hermano del senador es quien ha denunciado la corrupción en la gobernación de Lyons, y por eso es su piedra”, asegura el abogado de Besaile, Julián Quintana.
El ente acusador deberá verificar todas las declaraciones y evidencias que entregue Lyons en el marco del acuerdo de cooperación con la Fiscalía. El exgobernador además se comprometió a devolver como mínimo 4.000 millones de pesos, y a servir de testigo de cargo en los procesos que impulsen sus delaciones. A cambio de ello se extinguirán todos los delitos que le achacan, salvo el de concierto para delinquir, por el cual pagará cinco años y dos meses de cárcel en Colombia. Si Lyons incumple de alguna forma, perderá la oportunidad y deberá enfrentar 20 cargos, que en plata blanca le sumarían al menos cuatro décadas de cárcel. Por eso pocos creen que haya comenzado mintiendo.
Con información de Semana.com
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