(Miaminews24).- Los puertorriqueños acuden el domingo a un plebiscito para determinar si la isla se convierte en el estado 51 de Estados Unidos o si se despoja de los lazos que durante más de un siglo han unido el territorio caribeño con el gigante del norte.
La consulta, que se realiza en medio de una profunda crisis financiera y con la isla en quiebra, también preguntará a los puertorriqueños si desean continuar con el estatus actual de Estado Libre Asociado.
El plebiscito, que no es vinculante, es el quinto que se celebra en busca de un destino para la llamada «isla del encanto» y todas las encuestas aseguran que la «estadidad» contará con el respaldo de la mayoría de los 2.3 millones de votantes habilitados.
Según el gobernador Ricardo Roselló, que convocó al plebiscito tras ser electo por el Partido Nuevo Progresista (PNP) a fines del año pasado, al ser Puerto Rico un estado de EEUU sus habitantes dejarán de ser ciudadanos de segunda categoría, podrán participar en sus elecciones y serán favorecidos con los programas federales.
Pero para quienes se oponen, la consulta es un ejercicio fútil que correrá la misma suerte de otras cuatro anteriores en que ganó la estadidad pero chocó con la indiferencia del Congreso de Estados Unidos que debe dar su aprobación final.
«Este plebiscito es una pérdida de tiempo. No tiene ninguna consecuencia y no tiene validez porque no se la ha dado el Departamento de Justicia», de EEUU, dijo a Efe, Héctor Ferrer, presidente del Partido Popular Democrático (PPD) que anunció que boicoteará la consulta.
«El gobernador dirá que son mayoría, pero nosotros diremos que hubo trampa, que este ha sido un proceso amañado», agregó Ferrer.
El político de oposición aludió también a la ley «Plan Tennessee», aprobada a pocos días del plebiscito, que establece el envío de una misión a Washington para presentar el resultado y gestionar su aprobación en el Congreso.
«Nosotros también iremos a Washington, pero será para denunciar esta consulta que no es otra cosa que un proyecto político que no significa empleo, producción desarrollo, ni avance económico», dijo.
Ferrer indicó que el plebiscito ha costado siete millones de dólares y se gastarán más millones en enviar a funcionarios en momentos en que el país sufre una profunda crisis.
El líder del principal partido de la oposición se refería así a una bancarrota declarada por el gobierno de la isla que no puede pagar una deuda que asciende a más de $70,000 millones.
Las consecuencias se han hecho evidentes en la caída de la economía en cortes a los presupuestos de la principal universidad del país, a los servicios policiales y, sobretodo, en un éxodo permanente de su población de unos tres millones de habitantes.
Fuente: NBC6