(Miaminews24).- Un año después de la revelación de los documentos del despacho Mossack Fonseca, Panamá se debate entre la satisfacción de haber mejorado su transparencia y la amarga convicción de que el escándalo sirvió para robarle un mercado que ahora busca recuperar bajo nuevas reglas.
La presión externa llevó al país a ceder en un pulso de años con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que el negocio de las sociedades anónimas cayó en más de un treinta por ciento y los socios del polémico bufete quedaron en prisión preventiva, en ciudad de Panamá, por el caso «Lava Jato» de Brasil.
La canciller y vicepresidenta panameña, Isabel De Saint Malo, quien ha liderado la cruzada para renovar el marco legal y ajustarlo a los requerimientos de la OCDE, dijo a Efe que el país ahora «no tiene ningún tema pendiente con la agenda global de transparencia fiscal, y además estamos a la vanguardia».
«A un año de los papeles de Panamá, no defendemos un manifiesto sino que en nuestras acciones ha quedado demostrado que la transparencia es nuestra prioridad, adoptando marcos legales, compromisos y mecanismos que nos han merecido el reconocimiento de organizaciones y líderes globales que impulsan esta agenda de cooperación internacional», aseguró.
Para Saint Malo la publicación periodística a raíz de la masiva filtración al bufete Mossack Fonseca puso en evidencia un «tema global», lo que para Panamá fue positivo porque permitió ver dónde estaban los vacíos y acelerar una hoja de ruta trazada hace casi tres años.
En un primer momento el Gobierno intentó este camino con un comité de expertos liderado por el nobel de Economía Joseph Stiglitz, una estrategia que le costó aún más reputación, ya que el estadounidense y su compañero suizo Mark Pieth renunciaron meses después alegando falta de transparencia del lado oficial y poca voluntad para acometer los cambios que fueran necesarios.
Fuente: Terra
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