(Miaminews24).-Una jueza federal aprobó el jueves de manera tentativa un acuerdo para que el gobierno de Estados Unidos pague un millón de dólares a los hijos de un ciudadano mexicano que murió después de que fue detenido por autoridades de inmigración, y recibió varias descargas con una pistola inmovilizadora.
El acuerdo considerado por la magistrada federal, Louisa Porter, tiene el propósito de dar fin a un caso de casi siete años que originó quejas generalizadas de que las autoridades de inmigración de Estados Unidos toleraban a los agentes que utilizaban fuerza excesiva. Los fiscales se negaron a presentar cargos penales.
El dinero será repartido entre los cinco hijos de Anastasio Hernández si el acuerdo recibe la aprobación final, y aproximadamente una cuarta parte será para el pago de abogados y otros costos.
«La vida de mi esposo no tiene precio», dijo María Puga, la pareja de Hernández y madre de sus cinco hijos, en una conferencia de prensa realizada después de la audiencia. «La decisión que tuve que tomar fue difícil. Debemos dar vuelta a la página».
Estaban pendientes los interrogatorios preliminares ante una corte de apelaciones y aún no se programaba una fecha para el juicio.
Los tres hijos mayores de Puga son adultos, y también tiene gemelos de 10 años de edad.
Antes de otorgar la aprobación final, Porter pidió a los abogados de la familia que presenten un documento en el que se explique por qué el pago a los dos hijos de 10 años no debe ser sujeto a los procesos de validación de la corte. Hernández no dejó un testamento.