(Miaminews24).-«La manera como tratamos a las personas que vienen a nuestras fronteras dice mucho sobre quiénes somos como estadounidenses. Quienes buscan refugio contra la persecución merecen ser tratados con dignidad y no deben ser confinados en condiciones carcelarias sólo porque buscan libertad y protección en Estados Unidos. Es una burla que en los más de diez años que han transcurrido desde que la USCIRF documentara por primera vez las graves fallas en el proceso de expulsión rápida, Estados Unidos no haya solucionado esos problemas, con las consecuencias dramáticas que eso supone para hombres, mujeres y niños», declaró el Presidente de la USCIRF Thomas J. Reese, S.J.
Más de diez años después de haber fijado el foco de atención en los graves problemas en la manera como el gobierno de EE. UU. trata a los solicitantes de asilo en el proceso de expulsión rápida, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) ha identificado los mismos y nuevos motivos de preocupación. En su informe recién publicado, «Obstáculos a la protección: tratamiento de los solicitantes de asilo en el proceso de expulsión rápida» (Barriers to Protection: The Treatment of Asylum Seekers in Expedited Removal), la USCIRF documenta graves problemas en el procesamiento y la detención que se inician en cuanto los solicitantes de asilo ingresan a Estados Unidos.
La «expulsión rápida» es un programa que permite al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos deportar sumariamente a sus países de origen a determinados no ciudadanos que lleguen a los puertos de entrada estadounidenses o que crucen la frontera. El informe «Obstáculos a la protección» destaca las consecuencias negativas, especialmente para los niños, de que la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detenga a los solicitantes de asilo en entornos institucionales. Los proveedores de servicio relataron que los niños detenidos sufrían depresiones, trastornos de estrés postraumático, regresiones en su desarrollo, ansiedad y retraimiento social. Varios tribunales han descubierto que estas instalaciones no cumplían las propias normas del gobierno estadounidense para la detención de menores de edad, definidas en una resolución judicial de 1997, el acuerdo Flores.
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