(Miaminews24).- Durante la noche del jueves se dio a conocer que un juez federal bloqueó partes de una nueva ley que restringe las clínicas de abortos en la Florida.
La decisión tomada por el juez de distrito Robert Hinkle, le ordena al estado que mantenga los contratos para cuidados preventivos con las clínicas de abortos, incluyendo a Planned Parenthood, y evita la entrada en vigencia de una nueva regla que requeriría que 50 por ciento de todos los récords de las clínicas de abortos sean revisados por el estado cada año.
La decisión de Hinkle bloquea estas disposiciones de la ley y evita su entrada en vigencia mientras el caso no sea argumentado en corte o al menos que una corte superior de marcha atrás a su decisión. En el documento, el magistrado dijo que espera que la eliminación de fondos y la inspección de recórds sean declarados como inconstitucionales.
Dirigentes de Planned Parenthood, que demandaron al estado por la aprobación de la ley, dijeron estar satisfechos con la determinación del juez Hinkle.
“Esta decisión debería ser elogiada por todos los floridanos, pero especialmente por los miles de hombre y mujeres en el estado a quienes se les habría cortado el acceso a cuidados de salud reproductiva incluyendo estudios para detección de cáncer, control de la natalidad, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y más si se hubiera permitido que la ley HB 1411 siguiera en pie”, dijo Barbara Zdravecky, presidenta de Planned Parenthood para el suroeste y el centro de la Florida.
La demanda de Planned Parenthood era sobre tres cláusulas de la ley, firmada por el gobernador Rick Scott esta primavera:
▪ Impedir la asignación de fondos del contribuyente a clínicas de abortos para cubrir servicios no relacionados con el aborto. Este programa cuenta con un total de $500,000, según Planned Parenthood, e incluye fondos del Medicaid para servicios preventivos como pruebas para la detección de cáncer y VIH, así como para un programa de servicios para adolescentes que abandonan la escuela en el Condado Palm Beach.
▪ Exigir que la mitad de todos los registros de abortos en el estado (probablemente al menos 30,000 casos) sean inspeccionados todos los años por autoridades normativas estatales.
▪ Definir los trimestres del embarazo, lo que según Planned Parenthood pudiera limitar a algunas clínicas al reducir el período en que puede practicarse un aborto. Denise Harle, procuradora adjunta de Justicia, dijo que la Agencia para la Administración de Servicios Médicos no interpreta la ley de esa forma.
Hinkle dio a conocer su decisión horas antes de que ley entrara en vigor el viernes.