El Centro Nacional de Justicia Inmigrante de Chicago denunció irregularidades en prisiones de gobiernos locales y privadas, tras divulgar por primera vez noventa contratos y subcontratos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) con estos centros de detención de indocumentados.
Al estudiar los documentos, que obtuvo después de litigar durante cuatro años con el Gobierno federal al amparo de la Ley de Libertad de Información, la organización señaló que ha comprobado la falta de protocolos y de control de calidad en la gestión de estos centros.
Asimismo, señala que los contratos probarían la existencia de un sistema «que no rinde cuentas a nadie, protege a Inmigración de controles públicos y permite que los gobiernos locales y las prisiones privadas maximicen sus ganancias a expensas de derechos humanos básicos», según un documento al que tuvo acceso Efe.
El centro criticó que para elaborar su informe sobre Transparencia y Derechos Humanos en los centros de detención fueron necesarios cuatro años de gestiones, una demanda federal, testimonios de funcionarios de ICE y la orden de una corte federal.
Los documentos obtenidos corresponden a más de 100 de centros de detención que dispone ICE en todo Estados Unidos, y que en 2012 manejaron en promedio el 92% de las 33.400 camas diarias disponibles para indocumentados.
Los centros incluyen instalaciones propiedad de corporaciones privadas, cárceles que son propiedad y operadas por ICE, instalaciones de condados o municipios y otras que son contratadas por el servicio federal de Alguaciles.
La directora ejecutiva del centro, Mary Meg McCarthy, señaló que al asumir el cargo el presidente Barack Obama prometió que lucharía por la transparencia del Gobierno federal y para que el sistema de detención de inmigrantes fuera más civilizado.
Sin embargo, a pesar de las reformas anunciadas para reducir las detenciones, establecer estándares para los contratos de gestión de estos centros e implementar una mayor supervisión de las cárceles, «pasaron seis años y estamos más lejos que nunca de esos ideales», afirmó la directiva.
La vocero de ICE en Chicago, Gail Montenegro, declaró hoy a Efe que la agencia no conoce todavía detalles del informe en cuestión, pero se refirió al trato que reciben los detenidos y aseguró que «tomamos con mucha seriedad la salud, seguridad y bienestar de quienes están bajo nuestro cargo».
Según la funcionaria, ICE ha realizado desde el año 2009 reformas importantes en el sistema de detención de Inmigración y «prioriza la salud y seguridad de los detenidos».
Dijo que una oficina especial se encarga de supervisar los centros de detención y que, además de realizar inspecciones sobre el cumplimiento de los estándares, investiga quejas de los detenidos, denuncias de violaciones de derechos civiles y muertes registradas en estas instalaciones.
Sin embargo, McCarthy afirmó que ICE permanece «rodeado de secreto en sus contratos y auditorías de cómo se gastan miles de millones de dólares de los contribuyentes para encerrar a inmigrantes y refugiados».
Entre las irregularidades que se habrían comprobado al examinar miles de páginas de documentos y contratos, el centro destaca que 45 de las instalaciones que trabajan para ICE operan con contratos indefinidos, en su mayoría bajo estándares atrasados.
«El proceso de contratación es complicado y oscuro, y no hay uniformidad en la creación, ejecución y mantenimiento» de los contratos, señala el informe.
Como ejemplo señala que el costo diario de los detenidos varía de 40 a 133 dólares, según el establecimiento, porque algunos contratos incluyen en el precio lo que se paga por guardias, transporte y otros servicios, mientras que otros lo cobran por separado.
También se habría detectado «falta de consistencia y claridad» en los estándares de detención que deberían cumplirse en cada establecimiento, y un exceso de «contratos y subcontratos con entidades privadas que protegen a muchos de ellas del control de los contribuyentes.
El centro sugiere a ICE el cumplimiento en todas sus instalaciones de los estándares de detención aprobados en 2011 por el Departamento de Seguridad Nacional. EFE